En los últimos decenios, se han establecido en Colombia diversas empresas privadas dedicadas a generar electricidad. Pero estas no han emprendido la construcción de las grandes centrales y de las demás obras de infraestructura que se requieren para garantizar el abastecimiento energético nacional. Hoy, cuando el país siente el estrago del Fenómeno del Niño, cuando ha disminuido sustancialmente la producción de gas, cuando está aumentado el precio de los combustibles líquidos y cuando Venezuela nos ha cerrado la frontera, nuestras regiones están padeciendo las consecuencias de esa falta de planeación, de previsión, de innovación y de inversión por parte de la empresa privada.

Y no sólo preocupan los apagones, que aumentan en número día a día y que obstaculizan el desarrollo económico de tantas comunidades, sino también el alza de las tarifas de energía. Esta ya ha sido anunciada por el Gobierno, para cubrir uno de los tres billones de pesos a los que asciende el hueco financiero que ha dejado la crisis y se prevé se extenderá hasta el 2019.  Queda la incertidumbre de si, a causa de la magnitud de los problemas, esta llegue a ser mayor que la inflación.

La historia ha demostrado este riesgo, no solamente en Colombia, sino en otros países, como en los Estados Unidos. Valga la pena recordar la crisis de energía que hubo de afrontar California del 2000 al 2001, tras una desregulación estatal en cuanto a energía, que llevó a que se privatizara la industria y se abriera el mercado energético en ese Estado. Aunque California vio aumentar su población en un 13% en el decenio de 1990 y conoció un fuerte crecimiento económico durante tal período, ni el Estado (ya no involucrado en la producción de energía), ni la empresa privada construyeron ninguna nueva gran central eléctrica durante dicho lapso. Ello, sumado a prácticas ilegales de la compañía Enron, llevó al colapso y a una penuria energética que provocó largos apagones que, además de afectar a la comunidad, generaron pérdidas por más de 40.000 millones de dólares. Luego de los innumerables apagones, el Estado tuvo que entrar al rescate de las compañías y financiar la compra de electricidad.

Colombia no puede esperar a vivir una crisis semejante para convencerse de la inconveniencia de no asegurar la soberanía energética.  Afortunadamente, las energéticas estatales, como EPM e Isagén, han adelantado los más grandes proyectos de infraestructura energética nacional, que han permitido que Colombia haya podido sortear sin tribulación otros casos de “El Niño” y que impedirán que la crisis llegue a las proporciones que alcanzaría si el monopolio de la energía hubiera estado en manos de privados. Ello indica que Isagén es fundamental para la soberanía energética nacional, pues, como segundo proveedor de energía del país, le permite a la Nación colmar las necesidades de crecimiento de un servicio vital para el país cuando los privados no las satisfagan. Pero, ahora, cuando el gobierno busca privatizar a Isagén, surge la duda de si los negociantes extranjeros que la adquieran continuarán con la ejecución de proyectos que, en la actualidad, son prioritarios para la empresa, como son los hidroeléctricos Cañafisto, Piedra del Sol, Río Patia, Andaquí; los geotérmicos Macizo Volcánico del Ruiz y Tufiño-Chiles- Cerro Negro, y el gran Parque Eólico La Guajira. La diversificación del riesgo reduce ese mismo riesgo, y eso se hace, en este caso, invirtiendo en proyectos de energías alternativas.

El Gobierno ha anunciado que uno de los paliativos de la crisis será la importación, a partir del año entrante, de cerca de 40 millones de pies cúbicos de gas de Venezuela. Así pues, la mencionada falta de planeación nos pone en una situación tan precaria como la de tener que depender de Nicolás Maduro.

La realidad que hoy viven regiones de Colombia debe servir para disuadir definitivamente al Gobierno de no vender a Isagén, o, en su defecto, llevar al Consejo de Estado a pronunciarse en derecho por la protección de la soberanía energética del país.

Esperemos que esto no se convierta en una revuelta social de marca mayor, que me aventuro a pronosticar que iniciaría por la Costa Caribe, donde el deficiente servicio de Electricaribe tiene ya los ánimos muy exaltados.

*Presidenta Comisión de Derechos Humanos del Senado