Autor: Duván Vásquez
Desde agosto de 2013 el Gobierno Nacional ha intentado realizar un proceso de subasta para vender su participación del 57,61% en la generadora.
Tomado de el Mundo.com
El Consejo de Estado fallaría por escrito en 30 días hábiles la demanda presentada por tres colectivos, que generó la medida cautelar con la que se suspendió el proceso de enajenación de las acciones del Estado en Isagén.
Esta es la principal conclusión de la audiencia pública realizada ayer desde las 9 de la mañana hasta el mediodía por el magistrado ponente Hugo Bastidas, quien anunció las pruebas que se tendrán en cuenta en el caso y no dio espacio para alegatos de los implicados ni fallo definitivo.
Como no hubo nada que pueda entorpecer el estudio de la demanda, el magistrado dictaminó que hay “saneamiento del proceso” y este continúa.
De acuerdo con Helber Castaño, demandante y secretario general del sindicato Sintraisagén, explicó que los demandantes y demandados tienen diez días hábiles para presentar alegatos al proceso, con los que “el magistrado las estudiaría con la sala en pleno”.
Esas pruebas adjuntadas por las partes, incluyendo las de los abogados de la empresa Isagén, son documentos, leyes, impactos de la venta, planillas de entrega, etc. que, de acuerdo con el otro demandante Enrique Daza Gamba, después de los diez días para objeciones habrá otros 20 días hábiles en los que la sala plena del Consejo de Estado emitirá un fallo de fondo.
Las demandas
Son tres demandas que revisa en un solo paquete el Consejo de Estado, una presentada por Rodrigo Toro, mandatario de Dueños de Isagén; la de Enrique Daza Gamba y la de Helber Castaño, de Sintraisagen.
Este último alegó ante el Alto Tribunal que la enajenación de este patrimonio público no se podía llevar a cabo porque “el Gobierno no puso en conocimiento, y tenemos las pruebas desde la Secretaría del Senado y Cámara, a los congresistas del programa de enajenación”.
La querella de Daza Gamba demuestra, según él, que “al proponer la privatización de Isagén el Gobierno viola el principio de sostenibilidad fiscal, porque causa un detrimento en los ingresos de la Nación porque no es compensado de ninguna manera con otras fuentes y además que es un decreto que no tiene una motivación precisa y trae consecuencias para las finanzas públicas”.
La demanda instaurada por Toro tiene una dirección distinta a la de las dos anteriores, ya que no quiere impedir la venta de Isagén sino que al sector Solidario (pensionados, trabajadores, ex trabajadores, cooperativas) pueda comprar la totalidad de las acciones ofertadas, ya que el Decreto 1609 -que valida la enajenación- limita a este sector para que sólo adquirieran una mínima parte, como el 0,09% democratizado el año pasado. Lo que según Toro falta a la Constitución.
Sin embargo, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, ha dicho que el Gobierno ha actuado conforme a la ley y lo que se busca es cambiar un activo como la generación de energía por otro como las vías de cuarta generación.
Iban tras la generadora
Antes de que el Alto Tribunal suspendiera el proceso de subasta, tres de las cinco interesadas y precalificada en Isagén al inicio de este año materializaron la oferta.
Las que llegaron hasta la etapa final fueron la francesa GDF Suez, la chilena Colbún y la canadiense Brookfield, quienes presentaron hasta el 8 de mayo la Garantía de Seriedad de su Oferta por $100.000 millones, como lo exigía el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, lo que las dejaba en camino para la subasta del martes 19 de mayo, que finalmente fue suspendida.
Las otras compañías proponentes retiradas fueron la española Gas Natural Fenosa, que entraría a la puja a través de Generco S.A., y la firma asiática China Huadian Corporation.
Fenosa avisó unos días antes de la entrega de la póliza de seguro, a través de su consejero delegado Rafael Villaseca, que “no estamos contemplando ninguna actividad corporativa en América Latina y no vamos a participar en la oferta de Isagén”. Mientras que la china nunca anunció las razones sino que simplemente no presentó documentación adicional requerida, pese a que ya había entregado todo para la precalificación y era una de las más antiguas candidatas.