La desinformación en salud, alimentación y nutrición sigue llevando al país a tomar decisiones erradas, y, peor aún, a seguir discursos o líneas de acción no sustentados en la evidencia, y a reproducir documentos de política pública con objetivos no alcanzados que todos los años refrendan las mismas consideraciones y dan vía libre a la ejecución de presupuestos con datos viejos o incompletos.
Aunque el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026, “Colombia, potencia mundial de la vida”, dedica todo un capítulo de acción contra el hambre, la promoción de la soberanía y la seguridad alimentaria, la constitución del programa Hambre Cero y toda una ambiciosa meta en términos de la agenda 2030 para reducir la tasa de mortalidad por desnutrición a 5 de cada 100.000 niños, la crisis alimentaria continúa.
En 2022 uno de los factores que más influyó en esta situación fue la inflación, la más alta del último siglo: 13,34%. Y aunque en 2023 bajó al 9,28 %, y entre enero y julio de 2024 se ubicó en 6,86%, esta importante reducción no significa que el problema esté resuelto, pues al sector alimentos aún le cuesta alcanzar reducciones inflacionarias por encima del 2%.
Otro factor que también impacta en el costo de los alimentos es el precio del combustible. Según la plataforma Trading Economics –con base en reportes periódicos del Ministerio de Minas y Energía–, desde 1998 el precio de la gasolina viene aumentando de 0,2 a 0,98 dólares por litro, esto es de 288,4 pesos a 3.724 pesos (precio del dólar a diciembre de 2023).
Así mismo, en mayo pasado el Ministerio de Hacienda señaló que sin un ajuste al precio del diésel –que no ha subido en 2024– el déficit en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) terminará en 12 billones de pesos. Este Fondo se creó en 1998 como una acreencia del Estado con Ecopetrol, encargado de estabilizar los precios de los combustibles para los consumidores colombianos.
Este panorama no solo afecta el transporte de alimentos sino que también aumenta la deuda pública, ya que los saldos del FEPC se han pagado con títulos de deuda pública. A través del PND2022-2026 se empezó a pagar el billonario déficit con recursos del Presupuesto General de la Nación, es decir que ahora se considera como un gasto fiscal, situación que ha impactado en la regla fiscal (norma que limita el gasto público) provocando cierta preocupación con respecto a la credibilidad y sostenibilidad de las finanzas públicas, de ahí la urgencia de aumentar el precio de la gasolina a estándares internacionales.
Actualización de datos, necesidad inaplazable
Sobre los asuntos alimentarios internacionales, el Mapa del hambre, elaborado por el Programa Mundial de Alimentos, muestra una situación de insuficiencia alimentaria de 18,5 millones de personas, el 37 % de la población nacional. En el ámbito nacional, la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) del DANE (2023) arrojó un 26,1% de prevalencia en la inseguridad alimentaria por hogares que no tuvieron suficientes alimentos por falta de dinero y otros recursos.
También se resalta la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN), realizada en 2015 por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la cual reportó una prevalencia de 54,2% por hogar, es decir que en el país 1 de cada 2 hogares estaba en situación de hambre, observada en términos de inseguridad alimentaria y nutricional. Lo preocupante es que la Encuesta tiene una vigencia de 5 años y los nuevos datos se tomaron de 2019, pero no existe información actualizada a la fecha.
Habría que consultar entonces cuál es la justificación –no solo técnica, sino también político-administrativa– de tal nivel de desinformación alimentaria y nutricional en el país en la última década. Hoy, pese a disminución de la prevalencia y la mortalidad por desnutrición reportada en la ECV, el país sigue sin información profunda, completa y detallada sobre el hambre.
La soberanía también está en crisis, según lo presenta la Hoja de Balance de Alimentos Colombiana 2014, publicada por el ICBF, la cual tampoco está actualizada. Para ese año, la “tasa de dependencia a las importaciones en alimentos de alto consumo poblacional” mostró los cereales (63,2%), pescados (54,1%) y leguminosas (34,8%).
Se necesitan acciones reales
Durante décadas el nivel de desinformación en salud, alimentación y nutrición ha llevado al país a tomar decisiones erradas, y, peor aún, como suele ocurrir interinstitucionalmente, a seguir discursos o líneas de acción no sustentados en la evidencia, reproducir documentos de política pública con objetivos no alcanzados y refrendar año tras año las mismas consideraciones en documentos de política, como ha venido sucediendo los últimos 15 años en términos de inseguridad alimentaria.
Aunque la Agenda 2030 ha mantenido a los últimos tres Gobiernos nacionales y departamentales en la apuesta “Hambre cero”, la inseguridad alimentaria parece ser solo una casilla más donde acomodar datos en términos de rendición de cuentas.
Por la eterna ausencia de un documento de política pública, o Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (2012-2019) actualizado a la realidad alimentaria del país, las administraciones han optado por desglosar las acciones en seguridad alimentaria, a las que se viene sumando el programa “Hambre cero”, con mínimas acciones a las que cada Ministerio o entidad pública de orden nacional pretende responder desarticuladamente.
Los colombianos tuvimos que esperar 2 años para que los equipos técnicos de los Ministerios de Agricultura y de Igualdad y Equidad dieran una luz sobre las líneas de acción en su lucha contra el hambre y la inseguridad alimentaria, entre ellas la “Estrategia de monitoreo, seguimiento y fortalecimiento comunitario para la gobernanza del derecho humano a la alimentación” y el reciente Decreto 0684, por el cual reglamentan el Sistema Nacional para la Garantía Progresiva del Derecho a la Alimentación y otros.
En Colombia se necesita un compromiso serio y palpable por articular productiva, comercial y redistributivamente el alimento saludable, nutritivo y culturalmente apropiado en el país, para el acceso de todos. Si de cambio se trata, es hora de dejar de posponer la crisis alimentaria nacional como lo hicieron los gobiernos pasados. No podemos esperar 2 años más para ver resultados concretos, mientras en 2023 se reportó la muerte por desnutrición de 246 niños.
Para materializar la tan anhelada soberanía alimentaria el país necesita la praxis real de políticas públicas diversas, intersectoriales y en términos de diálogo intercultural de saberes técnicos y ancestrales, es decir que no solo se discuta sobre el problema y se enlisten posibles soluciones para que luego sean revisadas y desechadas por tecnócratas en Bogotá, sino que se pongan a prueba las iniciativas locales, comunitarias, nacionales y latinoamericanas que han surgido para afrontar la problemática del hambre desde la comunalidad.
Más información en:
– Mapa del hambre, herramienta web del Programa Mundial de Alimentos.
– «Caminando el alimento, compartiendo los saberes, discutiendo su defensa: análisis interpretativo de la formulación de la política pública intercultural de seguridad alimentaria y nutricional para los pueblos Jiw y Nükak de San José del Guaviare (2016-2020)», Daniel Eduardo Castillo Melgarejo, magíster en Políticas Públicas de la UNAL.
Información tomada de periodico.unal.edu.co