Tomado de El Tiempo Por:  ERICK BEHAR VILLEGAS / SERGIO SUÁREZ | 6:45 a.m. | 9 de junio de 2015

SI SE DA VÍA LIBRE A LA TRANSACCIÓN, SE DEBEN INVERTIR ESTOS RECURSOS EN INFRAESTRUCTURA. ANÁLISIS

Mientras el Consejo de Estado y el Gobierno siguen midiendo sus fuerzas por la venta de Isagen, empresa que genera cerca del 17% por ciento de la energía del Sistema Interconectado Nacional (SIN), existen argumentos como la rentabilidad de la empresa, las fluctuaciones de la acción, el tema del agua y las tarifas, y cómo los cálculos políticos son importantes para nutrir el debate. 

La meta del Gobierno es poder recaudar por lo menos 5 billones de pesos para financiar las 4G (proyecto de infraestructura), lo que significa vender las acciones que posee el gobierno a un precio superior a 3.184 pesos la acción. 

El Gobierno, por medio de la subasta de sus acciones, espera obtener el mayor precio de venta posible. En lo corrido del 2015 la acción sólo estuvo por encima del precio mínimo esperado durante 12 días, con un precio máximo el 12 de mayo de 3.390 pesos por acción (5,32 billones de pesos). El precio de la acción aumentó hasta su desplome el 15 de mayo a raíz del bloqueo de la venta por el Consejo de Estado. Desde entonces, el mercado está a la espera de una definición sobre la venta de Isagen, con el precio de la acción fluctuando por debajo del precio que espera el gobierno.

¿Cuánto le genera Isagen al Gobierno?

El Gobierno obtiene beneficios de sus acciones en Isagen por medio de la repartición de dividendos que genera la compañía. Los dividendos provenientes del 57,61 por ciento de participación en los últimos 5 años han sido de 726.448 millones de pesos, sobre un total de 1.279.138 millones de pesos, que equivaldría a una repartición promedio de dividendos del 56,79 por ciento durante este periodo.

La utilidad neta creció en promedio 1,97 por ciento en los últimos 5 años, con expectativas de aumentar con la ampliación de la capacidad generadora y del consumo impulsado por el crecimiento económico del país.

Si se proyecta la utilidad neta de Isagen con un crecimiento anual de 3.5% del PIB potencial de Colombia (ANIF), tomaría 22 años al estado recaudar 5 billones de pesos (sin tener en cuenta el valor del dinero en el tiempo), manteniendo la misma participación y tasa de repartición promedio de dividendos. Según el ministro Cárdenas, este proceso tomaría 40 años. (Ver resumen de datos financieros aquí)

¿Quiénes son los oferentes?

Las empresas que estuvieron listas el 10 de mayo para la compra de Isagen fueron GDF SUEZ de Francia, Colbún de Chile y Brookfield de Canadá. El interés de estas compañías en el mercado colombiano se debe al sólido crecimiento del PIB que, aunque ha perdido brío, sigue superando a sus vecinos. Para estas empresas, la compra generaría sinergias que contribuirían a mejores resultados operativos y financieros. Un probable incentivo de corto plazo también es la apreciación del dólar, que se ha valorizado frente al peso en 5,91 por ciento en lo corrido del año a junio. En el momento en que una de estas empresas haga la transacción en dólares, se pagarían menos dólares por cada acción adquirida.

¿Alternativas para financiar la infraestructura?

Una posible alternativa para no vender Isagen podría ser por medio de deuda originada por el Gobierno y respaldada con los dividendos que genere la compañía en un futuro. Si el Gobierno tomara prestado a la tasa de interés que tienen los bonos colombianos en la actualidad del 6.96% (02/06/15) para colocar una deuda de 5 billones de pesos a 20 años, manteniendo la política de dividendos y participación actual, requeriría para su pago un crecimiento promedio de 12.38% o superior de la utilidad neta de Isagen (436.583 millones de pesos en 2014) durante los próximos 20 años. (Lea también: Gobierno no podrá vender por ahora Isagén)

Pero esta alternativa es poco viable ya que iría en contra de la regla fiscal que busca mantener el Gobierno. Adicional a esto se requiere que Isagen tenga que cumplir con los objetivos de crecimiento planteados en sus resultados financieros durante un periodo prolongado. El Gobierno tiene otras alternativas para poder obtener los recursos de infraestructura que requiere sin perder su participación en Isagen. Según Camilo Díaz Urrea, tanto fondos privados como los mayores bancos colombianos pueden financiar las 4G bajo la premisa de la alta rentabilidad que prometen las carreteras en el futuro.

¿Qué sucede con el agua?

Casi el 70 por ciento de la generación energética del país se da gracias al agua. Durante los años 90, el fenómeno del Niño llevó a Colombia a una aguda crisis energética y luego a las reformas de 1994. Con embalses secos y la agricultura sufriendo duras pérdidas, se evidenció la vulnerabilidad del país.

Una preocupación por la venta de Isagen radica en el posible aumento de precios por parte de nuevos dueños extranjeros ante una subida de sus costos. En Colombia, coexisten usuarios regulados y no-regulados. La Ley 143 de 1994 define al usuario no-regulado como aquel que tiene una demanda máxima superior a 2 Mw. Se pensaría que los pequeños usuarios, regulados por medio de subsidios (estratos 1-3) o contribuciones (estratos 5-6), no estarían sujetos a alzas por ser usuarios regulados. Sin embargo, la tarifa en sí está sujeta a lo que se conoce como el Costo Unitario.

Si el inversionista extranjero justifica un aumento en sus costos (incluyendo componentes de generación, comercialización, distribución), las tarifas efectivamente pueden aumentar. Para el mercado no-regulado, el artículo 42 de la misma Ley estipula que las partes acuerdan los precios, dándole flexibilidad al proveedor de energía y via libre a aumentos del precio. En todo caso, así sea el Estado o un inversionista extranjero el accionista mayoritario, un alza en el costo unitario puede llevar a una subida de las tarifas. (Además: Odebrecht quiere ir por la segunda ola de las vías 4G)

Una preocupación más silenciosa está relacionada con el uso del agua por parte de un comprador potencial. Con la preocupación por la (futura) escasez del agua y teniendo en cuenta la riqueza en reservas y superficies de agua dulce en Colombia, se ha especulado que el nuevo dueño podría disponer del agua según su parecer. Sin embargo, según la información corporativa proporcionada por Isagen S.A. E.S.P, el acceso al agua no es exclusivo de la empresa. Ésta opera por concesiones de aguas superficiales, regulada por la Ley 99 de 1993, y los Decretos 1541 de 1978 y 1575 de 2007 bajo un permiso ambiental que sólo le permitiría usar el agua para generar energía. En otras palabras, quien tenga el control de la empresa no podrá utilizar los recursos hídricos para otras actividades.

El pasado, el fútbol y la política

En 1982, el presidente Belisario Betancur, respaldado por una buena parte de la opinión pública, renunció a organizar el Mundial de 1986 en Colombia. En vez de ‘atender las extravagancias de la FIFA’, Colombia se embarcaría en procesos de inversión y esfuerzos para la paz. El ambicioso programa de vivienda del gobierno, la universidad a distancia, los efectos de las tasas de interés que según el Presidente había que bajar ‘más, más y más’ y proyectos como las carreteras del Chocó finalmente no se cristalizaron, así cancelara el Mundial y se dijera que Colombia tenía mucho por hacer. Estas anécdotas recuerdan un enorme problema de la historia política del país: se prometen (mega)proyectos con buenos argumentos, se reúnen los recursos pero en últimas se abre una chequera política que se usa para otros gastos. ¿Podría pasarle esto a los recursos de Isagen?

Curiosamente, la presidencia de Betancur vivió aquello que se llamó ‘el año de la paz’. Los diálogos con el M-19, las FARC & Co. llenaron de esperanzas a los colombianos sobre el fin del conflicto. El 2015 (y el 2014) también han sido ‘años de la paz’, trayendo la posible necesidad de aumentar inversiones en proyectos del posconflicto.

El problema en sí no es invertir en la paz, pues es un propósito noble y económicamente conveniente para la estabilidad futura. El problema radica en vender un activo valioso como Isagen con el riesgo político de no usar sus ingresos en un proyecto de infraestructura que compensaría su ‘pérdida’.

Si se vende Isagen, es necesario garantizar la inversión de estos fondos en el proyecto de infraestructura, tal como se prometió, no en gastos de caja menor. Cuando el ministro Cárdenas afirmó que no hay un plan B para la venta de Isagen, se siguió demostrando el afán del Gobierno por vender este activo.

Así se estime que la construcción de carreteras traerá una rentabilidad de más del 12% en el mediano plazo, la ganancia proveniente de la venta podría estar ligada a reflexiones netamente políticas. Por un lado, no es un misterio que el éxito de las 4G puede contribuir a la imagen del Vicepresidente ante las elecciones del 2018 y por otro, el Gobierno tendría un músculo financiero considerable ante la desaceleración de la economía, contribuyendo al esfuerzo de revivir la accidentada imagen que ha generado el proceso de paz.

Erick Behar Villegas / Profesor CESA / Universidad Externado
Sergio Suárez / Economista Universidad de los Andes