Aunque el Concejo de Medellín aprobó que EPM venda su parte en TigoUne, el Gobierno nacional aún no publica el resultado de su análisis técnico sobre la propuesta. El presidente Petro se niega a la posibilidad ¿Alguno tendrá que obligar a ceder al otro?
El pasado 21 de agosto, el Concejo de Medellín le dio la aprobación final a Empresas Públicas de Medellín (EPM) para que venda su participación en la empresa de telefonía TigoUNE, cuyo socio mayoritario es la compañía luxemburguesa Tigo.
Con el anuncio, la administración distrital ya empieza a mostrar sus propuestas sobre el destino de ese dinero: la alcaldía local espera que la venta de UNE, que tiene el 49,9 por ciento de TigoUNE, le deje al menos 1,6 billones de pesos a EPM, que los invertirá según los criterios de la empresa para generar un valor más alto tanto a sus finanzas como a los antioqueños, según las comunicaciones públicas.
Por su parte, el Ministerio de Hacienda respondió al anuncio de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) por parte de Tigo, que primero tendría que estudiar técnicamente las ventajas y desventajas de vender su 32 por ciento en Colombia Telecomunicaciones (ColTel), creada tras la liquidación de Telecom y que tiene un porcentaje en Movistar Colombia. El plan de Tigo es aliarse con Telefónica para fusionar a TigoUNE y Movistar Colombia.
El pasado 31 de julio, cuando se hizo pública la intención de Tigo de lanzar una oferta pública de adquisición (OPA) por TigoUNE y comprar la parte pública de ColTel, el Ministerio de Hacienda anunció el inicio de dicho estudio. Sin embargo, casi un mes después, aún no se conocen ni siquiera los resultados preliminares, pero sí las diferentes voces dentro del gobierno sobre esta oferta.
En una esquina está presidente Gustavo Petro, que ha criticado la decisión de Medellín y en nuevo enfrentamiento por redes sociales con el alcalde de esa ciudad, Federico Gutiérrez, dijo que vender el 49,9 por ciento de TigoUNE es más bien una dilución de las acciones, un movimiento financiero en el que ingresan más recursos de capital a la empresa. Eso obliga a que las acciones bajen de valor.
La parte neutral la tiene el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien se mantiene firme en que el resultado de los estudios técnicos será el que determine si la Nación venderá su 32 por ciento de ColTel para salir así del mundo de las telecomunicaciones, o se queda con su porcentaje en la empresa de mayoría privada.
En la otra esquina está el ministro TIC Mauricio Lizcano, que califica de buena noticia el ofrecimiento de Tigo en Movistar Colombia para fusionar lo que hoy son TigoUNE y Telefónica Movistar Colombia.
¿Qué puede pasar?
Ni la decisión nacional ni la distrital dependen de lo que la otra parte decida hacer, estrictamente hablando. Además, se trata de ventas de acciones en diferentes empresas. Lo que sí sucede es que entre ambos se presionan, pues es dinero que potencialmente puede entrar a las arcas públicas tanto locales como nacionales.
En el caso de la nación, el anuncio de OPA llegó en un momento en el que el gobierno está buscando financiación tanto para 2024 como para 2025, que sería el año en el que probablemente ingresen esos recursos para financiar el incremento en el gasto público con un recaudo tributario inferior a las expectativas del mismo gobierno.
Sin embargo, ni EPM ni Hacienda están obligados a aceptar la primera oferta. Como sucedió con las OPA de Gilinski por Nutresa y Sura, los posibles vendedores podrían arriesgarse a esperar una segunda OPA con un mejor ofrecimiento económico. La pregunta es si están en la posición de arriesgarse y qué tan urgente necesitan ese dinero.
Por: Angélica M. Gómez
Información tomada de cambiocolombia.com